Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara que la Delegación del Gobierno actuó con «falta de diligencia» contra Boadilla del Monte al tardar casi 19 meses en abonar los 652.525 euros reconocidos en sentencia firme.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Administración General del Estado a abonar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte el interés legal del dinero incrementado en dos puntos tras constatar retrasos injustificados en el pago de las indemnizaciones derivadas del temporal Filomena de enero de 2021.
La resolución, dictada en un auto con fecha de 17 de septiembre de 2026 emitido por la Sala que preside la magistrada Cristina Cadenas, aplica esta penalización económico-financiera por considerar que la Delegación del Gobierno en Madrid no actuó con la diligencia exigible en la ejecución de una sentencia judicial previa. Además, el auto impone a la Administración estatal el pago de las costas del incidente de ejecución, con un límite máximo fijado en 1.000 euros.
Un retraso de 19 meses en el pago de la sentencia
El conflicto proviene del abono de las ayudas solicitadas tras los trabajos extraordinarios realizados durante el temporal Filomena en enero de 2021, que incluyeron labores de limpieza viaria, retirada de hielo y nieve, esparcimiento de sal, alquiler de maquinaria especializada y corte de arbolado dañado.
En un primer momento, mediante resolución del 16 de diciembre de 2021, la Delegación del Gobierno tan solo reconoció a Boadilla del Monte 83.927,91 euros de la ayuda articulada bajo el Real Decreto-ley 10/2021. Tras recurrir en vía contencioso-administrativa, el TSJM dio la razón parcialmente al Consistorio el 21 de noviembre de 2024, notificándose la resolución definitiva a las partes el 9 de diciembre de 2024 y fijando un importe adicional a favor del municipio de 652.525,26 euros.
El pago del principal reconocido en dicho fallo judicial no se hizo efectivo por parte de la Administración Central hasta el 7 de julio de 2026, casi 19 meses después de la notificación firme. Amparándose en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa —que permite al tribunal penalizar con dos puntos adicionales sobre el interés legal al órgano que muestre demora injustificada—, el TSJM ha estimado la reclamación del Consistorio boadillense.
Impacto en las arcas municipales y postura de las partes
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, encabezado por el alcalde Javier Úbeda, ha estimado que el importe derivado de la suma del interés legal más los dos puntos adicionales asciende a 54.055,38 euros.
Por su parte, la Abogacía del Estado se opuso formalmente a la imposición de los intereses y al pago de las costas, alegando los trámites y necesidades presupuestarias asociados a la gestión del crédito público. Sin embargo, la Sala rechazó tales alegaciones señalando que existieron reiterados requerimientos de ejecución e incluso peticiones formales para identificar a los responsables de la demora dentro de la estructura administrativa.
