El pasado 11 de mayo, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte abrió el plazo de inscripción para optar a las viviendas en régimen de alquiler del Plan VIVE de la Comunidad de Madrid. La asamblea de IU en Boadilla del Monte ha informado que contempla con preocupación las condiciones impuestas en la convocatoria, con precios demasiado próximos a los de mercado y requisitos que exceden con creces lo que muchas familias en situación de vulnerabilidad se pueden permitir.
Los ingresos mínimos que se exigen para poder aspirar a una de estas viviendas son de 1,5 veces el IPREM. Dado que este índice, en el año 2026, se sitúa en 600 euros en 14 pagas, el Ayuntamiento está pidiendo que se perciban entre 900 y 1050 euros al mes. Al mismo tiempo, el límite máximo de 5,5 veces el IPREM permite presentarse a personas que disfruten de sueldos de entre 3300 y 3850 euros.
Los requisitos establecen que, como máximo, el desembolso por el alquiler no debe suponer más del 35% de los ingresos. El alquiler más barato de esta promoción, de 700 euros, ya deja los ingresos mínimos mensuales para presentar solicitud en 2.000 euros (2600 en el caso de los pisos de dos dormitorios y 3.450 € en los de tres). Para agravar la situación, se exige una declaración responsable de haber tenido esos ingresos. Según esta fuerza política el Plan VIVE exige una capacidad adquisitiva por encima de las posibilidades de muchas familias desfavorecidas de Boadilla, para las que precisamente se deberían pensar estas iniciativas.
Tal y como ha expuesto en los últimos meses a los medios locales, IU Boadilla viene informando de casos de personas de Boadilla del Monte en situación crítica de acceso a una vivienda digna, a las que le sería totalmente imposible aspirar a una vivienda del Plan VIVE por las condiciones de ingresos mínimos y acreditación de estos impuestas en la convocatoria.
Un plan para los promotores, no para las vecinas
IU se muestra también extremadamente preocupada por el modelo de cesión gratuita de suelo público a empresas privadas que impone el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid. En otras palabras: los ayuntamientos regalan a los promotores el suelo (en el caso de Boadilla, Culmia, siendo la constructora Avintia) y estos se llevan la rentabilidad de unos alquileres apenas por debajo del precio de mercado. La asamblea de Izquierda Unida en Boadilla solo puede concluir que el objetivo del Plan VIVE es beneficiar a los especuladores inmobiliarios, en vez de a las vecinas y vecinos que necesitan acceder a una vivienda digna y asequible para no ser expulsados por ellos de su ciudad. Estos promotores podrán explotar las viviendas que no tienen nada de baratas durante décadas, en una clara transferencia de recursos de todos los boadillenses.
De igual modo, resultan inquietantes las experiencias en ciudades como Alcorcón o Getafe con la calidad definitiva de las viviendas, problemas de terminación irregularidades y cortes en el acceso a la luz o al agua caliente, y una gran cantidad de rechazos entre beneficiarios que no pudieron sostener las condiciones impuestas.
Ante los “pelotazos” disfrazados de planes de vivienda social, IU defiende la titularidad y gestión directa de las promociones de vivienda pública, que en ningún caso deben depender de concesiones a empresas privadas.
