La Audiencia Provincial de Madrid afronta este viernes una jornada clave para el futuro judicial de uno de los casos más mediáticos que ha afectado al entorno educativo de Boadilla del Monte en los últimos años.
Los magistrados de la Sección 17 examinan el recurso de apelación presentado por la defensa del antiguo docente del colegio Virgen de Europa, investigado desde el año 2022 por la presunta grabación ilícita de alumnas desnudas.
Esta deliberación determinará si el acusado se sentará finalmente en el banquillo de los acusados en un juicio oral o si, por el contrario, se decreta el sobreseimiento y archivo de las actuaciones judiciales.
El origen de este complejo proceso legal se remonta al verano de 2022, momento en el que saltaron todas las alarmas en la comunidad escolar de la localidad tras el hallazgo fortuito de material audiovisual comprometido. Las pesquisas iniciales apuntaron de inmediato hacia este docente, quien presuntamente habría capturado imágenes de forma clandestina dentro de las dependencias del mencionado centro educativo. La gravedad de los hechos provocó una rápida intervención de las fuerzas de seguridad, que procedieron al arresto del sospechoso y a la incautación de numerosos soportes informáticos.
La instrucción de la causa ha corrido a cargo del Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles, cuyo trabajo se ha extendido durante casi cuatro años debido a la complejidad técnica de las pruebas analizadas. Los especialistas informáticos de la Guardia Civil tuvieron que emplearse a fondo en el examen de los dispositivos electrónicos intervenidos en los registros domiciliarios. Los agentes localizaron numerosos archivos con imágenes de menores de edad, a pesar de que parte del material original se encontraba severamente dañado o había sido borrado de forma intencionada para ocultar los rastros.
Los investigadores sostienen la hipótesis de que las grabaciones clandestinas en los vestuarios o zonas comunes del centro escolar se prolongaron presuntamente durante varios cursos académicos. La instructora del caso dictó en julio de 2025 el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, un paso equivalente al procesamiento formal del investigado. En dicha resolución, la magistrada apreció indicios sólidos de la comisión de múltiples delitos de extrema gravedad, entre los que figuran supuestos abusos sexuales a menores de trece años, corrupción de menores y producción y posesión de material pornográfico infantil.
A estas graves imputaciones se suman también presuntos delitos contra la intimidad personal, concretamente por el descubrimiento y la revelación de secretos de las víctimas afectadas por las filmaciones.
La defensa del antiguo profesor intentó frenar el avance del proceso mediante la presentación de un recurso de reforma ante el propio juzgado mostoleño, el cual fue desestimado de forma íntegra a principios de este año 2026. Tras resolverse las últimas impugnaciones sobre las diligencias de prueba solicitadas por las partes, el caso ha llegado finalmente a la instancia superior madrileña.
A lo largo del exhaustivo periodo de instrucción, la justicia también citó a declarar a diversos directivos del colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte, incluyendo a su máximo responsable, para esclarecer el grado de conocimiento de la institución. No obstante, la jueza instructora determinó en sus resoluciones eximir por completo al centro de enseñanza de cualquier tipo de responsabilidad civil subsidiaria en este procedimiento penal. El acusado, que fue puesto en libertad provisional con medidas cautelares en 2022, mantiene la prohibición de aproximarse a las instalaciones escolares y la obligación de firmar en el juzgado.
La decisión que adopte la Sección 17 de la Audiencia de Madrid marcará el cierre definitivo de la fase de instrucción y abrirá un escenario decisivo para las familias de Boadilla del Monte.
En caso de que el tribunal desestime el recurso de la defensa, se procederá a la apertura del juicio oral y a la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía y las acusaciones particulares. Por el contrario, un fallo favorable al investigado supondría el carpetazo a una causa que mantiene en vilo a los vecinos del municipio desde hace cuatro años.
