La aprobación de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar en la Comunidad de Madrid supondrá un impulso directo para el tejido empresarial de municipios como Boadilla del Monte, donde este tipo de negocios tiene un peso relevante en la economía local.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la luz verde a esta normativa, que será remitida a la Asamblea de Madrid para su tramitación. El objetivo principal es facilitar el relevo generacional y garantizar la continuidad de las empresas familiares, muchas de ellas pequeñas y medianas compañías con fuerte arraigo territorial.
Más beneficios fiscales para empresas familiares
La principal medida de la nueva ley es el incremento de la reducción en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta el 99%, frente al 95% actual. Esto permitirá que los herederos o nuevos titulares mantengan la actividad empresarial con una menor carga fiscal, siempre que continúen con el negocio durante al menos cinco años.
Esta mejora resulta especialmente relevante para municipios como Boadilla del Monte, donde muchas empresas familiares forman parte del tejido comercial y de servicios, contribuyendo a la generación de empleo y riqueza local.
Ampliación de beneficiarios y menos requisitos
La normativa también amplía el número de beneficiarios. A partir de su aprobación, podrán acogerse no solo descendientes y cónyuges, sino también hermanos, tíos, sobrinos e incluso primos, así como trabajadores con una vinculación estrecha con la empresa.
Además, se simplifican los requisitos administrativos, eliminando condiciones como la edad mínima del donante o la necesidad de que la actividad empresarial sea la principal fuente de ingresos.
Impacto económico en la región
Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, la ley beneficiará a unos 1.500 contribuyentes madrileños al año, con un ahorro fiscal conjunto cercano a los dos millones de euros anuales.
Para localidades como Boadilla del Monte, esta medida puede suponer un incentivo clave para mantener empresas familiares activas y evitar su desaparición en procesos de sucesión, reforzando así la estabilidad económica del municipio.
La previsión es que la ley entre en vigor a lo largo de este año, una vez finalice su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid.
