La formación política alerta sobre un presunto subarriendo ilegal en una promoción de la EMSV y exige la intervención inmediata de Servicios Sociales y una inspección exhaustiva de las adjudicaciones.
La asamblea de Izquierda Unida (IU) en Boadilla del Monte ha dado la voz de alarma ante lo que consideran grave situación de desprotección que sufren una madre y su hija en una vivienda de protección pública situada en el barrio de Valenoso. Según el comunicado de la formación, la familia está siendo víctima de una campaña de hostigamiento por parte del propietario con el objetivo de forzar su salida inmediata del inmueble.
Un relato de coacciones e intimidación
IU ha tenido acceso directo al testimonio de las afectadas, quienes relatan una convivencia marcada por el miedo. Las residentes denuncian seguimientos por la calle, entradas en la vivienda sin su consentimiento y la manipulación de sus pertenencias personales. La situación ha llegado al extremo de instalar cámaras y alarmas dentro del domicilio sin el permiso de las inquilinas.
El episodio más crítico tuvo lugar este lunes, cuando el propietario, presuntamente apoyado por una empresa de «desokupación», comenzó obras en el piso y retiró las ventanas, dejando la vivienda a la intemperie en un claro intento de intimidación. Una militante de la formación política fue testigo presencial de estos hechos durante la jornada.
La raíz del conflicto: el subarriendo ilegal
El origen de este drama reside en la naturaleza irregular del arrendamiento. Se trata de una vivienda pública adjudicada por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) cuyo propietario estaría subarrendando de forma clandestina y sin contrato. Según IU, el adjudicatario se aprovecha de la desesperación de personas sin recursos que no pueden acceder al mercado libre de alquiler.
«Es inaceptable que se utilice una vivienda de protección pública para lucrarse a costa de la vulnerabilidad ajena y, además, emplear métodos violentos para el desalojo», señalan desde la formación.
Medidas urgentes exigidas a la EMSV y Servicios Sociales
Ante la gravedad de los hechos, IU-Boadilla exige a la EMSV la realización inmediata de las inspecciones anuales que legalmente debería llevar a cabo para detectar este tipo de abusos. Asimismo, instan al organismo a emprender acciones legales contra los propietarios que incurran en estas irregularidades y a personarse como parte interesada en cualquier causa judicial en marcha.
Por último, la formación reclama a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla que garanticen una alternativa habitacional para esta familia monoparental. De no producirse una intervención institucional, advierten que la madre y la hija serán las únicas damnificadas por el fin de un alquiler ilegal que era su único refugio ante la escasez de recursos económicos.
