El Grupo Municipal VOX ha formalizado la presentación de una moción de calado nacional pero con repercusiones locales, centrada en el rechazo absoluto a la reciente regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de España bajo la presidencia de Pedro Sánchez.
Esta iniciativa no solo busca marcar una postura ideológica, sino que pretende poner sobre la mesa el debate sobre la gestión de los recursos públicos y la seguridad jurídica en el ámbito municipal.
En la nota de prensa emitida el 11 de febrero, la formación liderada localmente por Juan Pineda expresa su profunda preocupación por lo que consideran una deriva irresponsable en la política exterior y de interior del país.
Desde VOX Boadilla sostienen que medidas de esta naturaleza no hacen sino incentivar un efecto llamada de consecuencias imprevisibles, agravando una situación migratoria que, a su juicio, ya se encuentra fuera de control. El argumento central de la moción es que la convivencia, la seguridad y, sobre todo, la sostenibilidad de los servicios públicos de los que disfrutan los vecinos de Boadilla, podrían verse comprometidos a largo plazo.
El portavoz del grupo, Juan Pineda, ha sido especialmente incisivo al señalar las contradicciones que, según su formación, encierra esta regularización. Para VOX, la inmigración es un fenómeno que debe ser abordado desde el orden, la legalidad y una vinculación estrecha con las necesidades reales del mercado laboral y la capacidad de integración del tejido social receptor.
Pineda destaca que lanzar procesos de regularización extraordinaria es enviar un mensaje erróneo a las mafias y a quienes intentan entrar en el país de forma irregular, transmitiendo la idea de que el incumplimiento de las leyes españolas acaba obteniendo una recompensa administrativa.
Uno de los puntos clave de la moción que se debatirá en el Ayuntamiento es el papel de las entidades locales. VOX defiende con firmeza que los ayuntamientos son la administración que se encuentra en la primera línea de atención al ciudadano. Son los consistorios los que, en última instancia, deben gestionar el empadronamiento, el acceso a servicios sociales básicos y la convivencia en los barrios. En este sentido, la formación critica que el Gobierno central tome decisiones de gran calado migratorio sin contar con la opinión ni los recursos de los municipios, que son quienes sufren el impacto económico y social directo de estas políticas impuestas.
La propuesta que VOX llevará al Pleno de Boadilla no se limita a la crítica, sino que incluye una serie de exigencias dirigidas al Gobierno de la Nación. Entre ellas destaca la necesidad urgente de reforzar el control en las fronteras y asegurar que la Ley de Extranjería se cumpla en todos sus términos. Además, la moción hace un llamamiento para que las administraciones prioricen las ayudas sociales y el acceso a recursos públicos a aquellos españoles y residentes legales que cumplen escrupulosamente con las normas y que, con su esfuerzo y cotizaciones, sostienen el sistema de bienestar del que todos participan.
Desde el Grupo Municipal subrayan que su compromiso principal es con los vecinos de Boadilla del Monte. Argumentan que la protección de los recursos municipales es una obligación de los representantes locales y que permitir que políticas nacionales tensionen la capacidad del Ayuntamiento es una irresponsabilidad. La formación reafirma así su postura en defensa de la seguridad jurídica, asegurando que la única inmigración posible es aquella que respeta las leyes de la nación y que llega con la voluntad de aportar al crecimiento del país de manera reglada.
El debate en el próximo Pleno servirá para que el resto de fuerzas políticas de Boadilla se posicionen ante un tema que, aunque se decide en Madrid, tiene su reflejo en la vida cotidiana de los pueblos y ciudades. Con esta iniciativa, VOX busca liderar un movimiento de presión desde la base municipal para exigir una rectificación en las políticas migratorias estatales, siempre bajo la premisa de que los municipios no deben pagar la factura de decisiones que consideran ajenas al sentido común y al respeto por la legalidad vigente.
